Acoso laboral en la Universidad de La Coruña
Leo esto en El Ideal Gallego:
" El 23% del profesorado de la Universidad de A Coruña padece mobbing , casi uno de cada cuatro docentes. Este es el resultado de una ambiciosa investigación liderada por los profesores de la Universidad de Santiago Paula Vázquez Rodríguez, Eduardo Picón Prado y Ángeles López Cabarcos. Los tres autores estudiaron la situación de acoso laboral que sufren los docentes y el personal de administración y servicios de las tres entidades del sistema universitario gallego.
El trabajo de campo, realizado entre abril y junio de 2003, consistió en el envío de 7.432 entrevistas ¯la totalidad del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios¯, obteniendo unos índices de respuesta que rondaron el 12%.
La peor situación
Los resultados evidencian que la peor situación se vive en A Coruña, con un 23% de profesores y un 7% de personal que reconoce sufrir o haber padecido mobbing ; de una plantilla que asciende este año a 1.326 docentes y a 769 miembros del cuerpo de administración y servicios.
Estos porcentajes se refieren no a la totalidad de docentes y personal de A Maestranza existente, sino que están en referencia a las respuestas obtenidas. Lo mismo ocurre con los datos de la Universidad de Santiago, 11% de profesorado y 10% de no docentes, y de Vigo, 17% de los profesores y 10% del resto del personal.
Datos admisibles
Esta situación no es, sin embargo, alarmante para una de las autoras del trabajo, Ángeles López Cabarcos. Sólo con que haya un caso es preocupante, pero el 23% de la gente que nos contestó es admisible. No es normal, pero está dentro de los límites establecidos desde el punto de vista numérico , puntualizó.
El resultado de la investigación puso de manifiesto, además, algunos aspectos sorprendentes, añadió López Cabarcos, como que de los casos reconocidos de acoso, ninguno se denunciara de forma jurídica.
En un porcentaje mayoritario en los dos colectivos de las tres universidades gallegas ni siquiera solicitan la baja médica , explicó. La situación es, además, chocante porque si tenemos un problema psicológico lo normal es acudir a un psicólogo, pero esta ayuda no se pide mucho. Tampoco van al decano, ni al vicerrector, ni al director del departamento implicados. Siempre se soluciona con amigos, compañeros y familia , comentó el profesor compostelano.
Primera reacción La Universidad de Santiago ha sido una de las primeras en reaccionar ante este problema, con la aprobación el pasado 17 de febrero de una Comisión de Resolución de Conflictos. El comité ideado por el rectorado compostelano estará formado por siete personas, que actuarán ante el planteamiento de un problema de esta índole con independencia de que haya denuncia jurídica de por medio o no.
Después de este trabajo, que no tiene parangón en el resto de universidades españolas, los tres autores se plantean continuar estudiando el tema. Aunque no saben si será en el ámbito público o privado, lo más probable es que analicen el área sanitaria."
Echo de menos saber QUIEN los acosa ( alumnos, superiores, compañeros, asociaciones de estudiantes politizadas ) y me encanta la cosa de que es un nivel "aceptable". Iba a hacer una comparacion con casos de palizas o violaciones, para que se vea si es una cantidad aceptable o no, pero lo dejare correr, que luego de pongo de mal humor. ¿ Y se tomaran medidas o esperaremos a que llegue al 53% ?
" El 23% del profesorado de la Universidad de A Coruña padece mobbing , casi uno de cada cuatro docentes. Este es el resultado de una ambiciosa investigación liderada por los profesores de la Universidad de Santiago Paula Vázquez Rodríguez, Eduardo Picón Prado y Ángeles López Cabarcos. Los tres autores estudiaron la situación de acoso laboral que sufren los docentes y el personal de administración y servicios de las tres entidades del sistema universitario gallego.
El trabajo de campo, realizado entre abril y junio de 2003, consistió en el envío de 7.432 entrevistas ¯la totalidad del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios¯, obteniendo unos índices de respuesta que rondaron el 12%.
La peor situación
Los resultados evidencian que la peor situación se vive en A Coruña, con un 23% de profesores y un 7% de personal que reconoce sufrir o haber padecido mobbing ; de una plantilla que asciende este año a 1.326 docentes y a 769 miembros del cuerpo de administración y servicios.
Estos porcentajes se refieren no a la totalidad de docentes y personal de A Maestranza existente, sino que están en referencia a las respuestas obtenidas. Lo mismo ocurre con los datos de la Universidad de Santiago, 11% de profesorado y 10% de no docentes, y de Vigo, 17% de los profesores y 10% del resto del personal.
Datos admisibles
Esta situación no es, sin embargo, alarmante para una de las autoras del trabajo, Ángeles López Cabarcos. Sólo con que haya un caso es preocupante, pero el 23% de la gente que nos contestó es admisible. No es normal, pero está dentro de los límites establecidos desde el punto de vista numérico , puntualizó.
El resultado de la investigación puso de manifiesto, además, algunos aspectos sorprendentes, añadió López Cabarcos, como que de los casos reconocidos de acoso, ninguno se denunciara de forma jurídica.
En un porcentaje mayoritario en los dos colectivos de las tres universidades gallegas ni siquiera solicitan la baja médica , explicó. La situación es, además, chocante porque si tenemos un problema psicológico lo normal es acudir a un psicólogo, pero esta ayuda no se pide mucho. Tampoco van al decano, ni al vicerrector, ni al director del departamento implicados. Siempre se soluciona con amigos, compañeros y familia , comentó el profesor compostelano.
Primera reacción La Universidad de Santiago ha sido una de las primeras en reaccionar ante este problema, con la aprobación el pasado 17 de febrero de una Comisión de Resolución de Conflictos. El comité ideado por el rectorado compostelano estará formado por siete personas, que actuarán ante el planteamiento de un problema de esta índole con independencia de que haya denuncia jurídica de por medio o no.
Después de este trabajo, que no tiene parangón en el resto de universidades españolas, los tres autores se plantean continuar estudiando el tema. Aunque no saben si será en el ámbito público o privado, lo más probable es que analicen el área sanitaria."
Echo de menos saber QUIEN los acosa ( alumnos, superiores, compañeros, asociaciones de estudiantes politizadas ) y me encanta la cosa de que es un nivel "aceptable". Iba a hacer una comparacion con casos de palizas o violaciones, para que se vea si es una cantidad aceptable o no, pero lo dejare correr, que luego de pongo de mal humor. ¿ Y se tomaran medidas o esperaremos a que llegue al 53% ?
11 comentarios
Manuel Suárez -
"Lourdes" -aunque creo que eres un señor y no una alumna precisamente-, cuando nos veamos en el juzgado sabrás como te he identificado por tu dirección IP era 80.39.246.164, perteneciente a Telefónica de España y por qué te has descubierto como el supuesto autor de insultos y provocaciones vía email. Sigo diciendo que eres un incompetente. en el juzgado se reirán tu estupidez.
Lourdes -
Manuel -
Manuel delegadoest -
el autor, pacifista -
Todos los comentarios violentos u ofensivos de este hilo seran borrados nada mas ser publicados.
Manuel -
Pues constatado está que me sigues en varios foros; creo que te gusto demasiado. Eres una maricona. Si eres El Elías Rodríguez de esta universidad, ya sabes donde encontrarme, te espero. Si no lo haces tú, voy a buscarte yo para ver si en la calle sigues siendo un bocazas. Pero me pareces un puerco, Elías Rodríguez. Y a los cerdos como tú hay que darles su merecido en la calle. Aquí te espero. Seguro que ni apareces porque eres muy maricona, Elías Rodríguez.
Virgilio -
Manuel -
Ferrol, 21 de julio de 2008
Sr. D. Emilio BotÃn:
Habiendo encontrado pruebas suficientes para calificar a los distintos órganos de gobierno de la Universidad de A Coruña (UDC) como no competentes y proclives a la falta de veracidad, exijo de usted, el responsable de la red Universia y la División Global Santander Universidades y del señor Emilio BotÃn, presidente del Grupo Santander, un gesto firme y tajante.
Por ello, sin ningún tipo de desvÃo, requiero ser habilitado por ustedes, de forma inmediata, administrador responsable del convenio con la citada institución académica, de no acceder a mi primera propuesta, la anulación del compromiso con la Universidad de A Coruña en base a los documentos que les he aportado y que, de ser posible, espero renovar en el transcurso de mi investigación acerca de la multitud de graves irregularidades encontradas en esta comunidad.
Es demanda que requiere la pronta respuesta de su parte.
Manuel Suárez López
Elías Rodríguez -
! A ver si te expulsan de una vez de la Facultad esa, y te tranquilizas un poquito !.
El mundo es malo.... todo el mundo te odia y te persigue... tú eres perfecto, y por eso te salen mal las cosas....
Por favor !... Tómate unas vacaciones y relájate.
Manuel -
CARTA ABIERTA A LA FISCALÍA GRAL. DEL ESTADO
Ferrol, a 9 de diciembre de 2007
Sus señorías:
Nuestra Universidad tiene tres obstáculos que impiden su pleno rendimiento, la calidad formativa y la generación de productos más competitivos. El primero es la corrupción; el segundo, derivado del anterior, es la abundacia de nefastos profesores e investigadores; y en tercer lugar, la ausencia de control externo, no siendo suficiente con establecer organismos como la ANECA. Falta la ejecución efectiva de las medidas de rigor productivo, evaluación tanto de los contenidos de los trabajos, como de la propia docencia, y, cuando sea necesario, la aplicación de la sanción y hasta la separación cuando exista incompetencia, vagancia o violación normativa. Como puede observar, los tres puntos estan interrelacionados. Somos conscientes de que sólo desde un ministerio no se puede actuar en tantos frentes. Señalo la necesidad de requerir la conexión de órganos pertenecientes a otros ministerios. Esto es, si percibimos un incumplimiento de las obligaciones en el trabajo, una falta punible de responsabilidad en algunos funcionarios o asimilados (como los contratados), o carencias probadas de la calidad y el nivel profesional, determinaremos la competencia del Ministerio de Trabajo (inspección laboral) para complementar una respuesta de la Administración cuando se detecten y demuestren las faltas denunciadas. Si se vulnera el derecho, señalaremos en dirección de los órganos de Justicia, pero sin abandonar las responsabilidades compartidas de un segmento de la Administración y otros poderes públicos. No hay excusa para consentir la maleficencia en nuestro ámbito.
El interés de los académicos por mejorar el rendimiento y la calidad de la investigación es muy bajo. Si la exigencia no viene de arriba (Administración o instituciones), esta comunidad opta por realizar estériles actividades de mera apariencia, es decir, publicaciones vacías de contenido operativo, congresos sin una finalidad científica determinada, seminarios inútiles, programas de ocio disfrazados de actividades culturales, etc. Cuántos de nuestros profesores universitarios realmente investigan; cuál es el objeto de estudio y cuál es su FINALIDAD científica o social; a qué le llamamos investigar; quién impone -o se propone a sí mismo- los trabajos de investigación; quién controla su calidad, utilidad, proyección, veracidad. Alguien me responderá: la ANECA y los Departamentos, por ejemplo, Sr. Manuel. Si la ANECA y los departamentos son los responsables de garantizar esa calidad ausente, ¿por qué no lo hacen?
Conociendo la realidad más perversa de esta institución, expongo al Ministerio de Educación y Ciencia el fallo que supondría dotar de mayor autonomía a las universidades. Por lo que he tenido que ver y soportar, nos enfrentamos a un mal generalizado. Puedo afirmar que esta comunidad no actúa de manera responsable. Señalo que debe existir un riguroso control institucional, un árbitro que marque objetivos y vele por su cumplimiento. Si la pretendida autonomía universitaria supone que determinados círculos impongan microestados de corrupción, se encubran faltas y delitos, se vulnere el derecho, se acepten falsos proyectos de investigación, se consienta la vagancia y la inactividad a cambio de votos para mantener este sistema, entonces, BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBE ABANDONARSE EL CONTROL MINISTERIAL. La Universidad debe ser inspeccionada periódicamente.
Niego rotundamente que la Universidad española tenga una dotación económica insuficiente. Es una interesada falta a la verdad. Ocurre todo lo contrario, se malgastan subvenciones y permitimos el despilfarro. Aludiendo casos que he conocido, advertimos que se financian inoperantes actividades que falsean sus objetivos, se destinan fondos a proyectos sin fundamento y se disfrazan inútiles y costosas excursiones como trabajos de campo. La Universidad miente y es nuestro deber denunciarlo. No toda la institución es igual; hay gente entregada a su trabajo; existen buenos formadores. Pero abundan los ociosos remunerados, los prevaricadores, los aprovechados. El por qué está bien claro: nadie exige, sólo se obtienen priveligios. Y si la autonomía universitaria no garantiza la calidad de los que, por deber legal, son nuestros investigadores y formadores, si la independencia académica sirve para encubrir la inoperancia y la falta en el cumplimiento, estamos consintiendo la perversión del sistema. Mantener facultades o escuelas que comienzan a tener más profesores que estudiantes es demasiado costoso. Si además de sostener económicamente estos centros que ni investigan ni saben formar, es hora de empezar a reducir gastos y no prolongar el fraude a los contribuyentes. Repito mi acusación: salvo algunas excepciones, estamos permitiendo y financiando una Universidad que no sirve, que no cumple, no trabaja y, en ocasiones, hasta actúa ilegalmente. Y lo peor es que no hay control.
Cuando se hace una denuncia, nadie es responsable aquí. Y es que la Universidad traiciona al propio Ministerio de Educación, que a su vez hace de cómplice. No asumiendo sus obligaciones, la comunidad académica traslada los conflictos que no resuelve a la cúpula de la Administración -¿autonomía universitaria?-.
Ser docente universitario es, por lo ya expuesto, una más que deseable dedicación. Y no es difícil, nada difícil. Sólo tienes que ser sumiso, agradar el cacique de una tribu decanal o de rectorado y NI CORCURSO-OPOSICIÓN TIENES QUE HACER. Es decir, resulta más fácil ser profesor de universidad que de enseñanza secundaria -ya sé que no es una afirmación original y me repito-. Mientras que todo ciudadano aspirante a convertirse en funcionario público debe superar un concurso-oposición (y no es suficiente con aprobar), en la universidad tienes toda un gama de posibilidades que te permiten ejercer la docencia sin pasar por esa molesta competición con cientos de rivales. Más aún, si hasta para conserje (grupo E) tienes que estudiar legislación, organización administrativa, primeros auxilios, nociones de mantenimiento, resulta que puedes ser profesor universitario, e incluso desempeñar ciertos puestos en órganos, sin tener la menor idea del funcionamiento administrativo ni legislación. Tal vez alguien que lea esto me dirá que sabe de algún caso de profesores ayudantes, por ejemplo, que sólo ejercieron durante la vigencia de un contrato, y que lo mencionado no es así. A esto respondo que un profesor contratado, cuando ocupa la vacante de un titular durante cierto tiempo, se convierte en miembro fijo con los derechos de un funcionario sin serlo, es decir, que ni aún habiendo demostrado incompetencia profesional se le separa del servicio -y hablo de casos verídicos-. Otros me dirán que sí se realizan concursos de mérito, pero de nuevo se sigue favoreciendo -y disculpen la redundancia- a quien ya ha sido favorecido dándole por válidos los trabajos y publicaciones -ahí está la trampa- o acumulando experiencia desde su inicio como becario -donde se entra por apadrinamiento-. Y ya sabemos que existe concurso-oposición para ganar la plaza de titular, pero esto no queda exento de las reservas de vacantes ya preparadas, tribunales endogámicos y competeción sin rival alguno, por lo que ya no podemos hablar de un concurso-oposición, sino de una lotería con todos los boletos en el bosillo. La universidad es el único reducto donde se permite esta situación.
Por la propia estructura y cauces de dependencia la Universidad es caldo de cultivo de todas las formas de corrupción. Abundan delitos que suelen quedar impunes dada su vinculación a la clase política y judicial: PREVARICACIÓN (resolución injusta), TRÁFICO DE INFLUENCIAS, omisión de funciones legales y administrativas, cohecho, acoso, plagio de trabajos y tesis. Y no sólo nos referimos a los órganos unipersonales, sino también a los representativos que, lejos de garantizar la pluralidad y la democracia, fomentan en realidad redes clientelares, caciquismo, compra ilícita de votos para acceder a los órganos representativos, etc. Como resultado tenemos malos profesionales en el ámbito académico. El acceso a las plazas de docencia se sustenta más en el favor personal que en el mérito demostrado y, por tanto, salen productos científicos, -o pseudocientíficos- de mala calidad y nada competitivos.
Las soluciones deben ser propuestas tanto por el Ministerio de Educación y Ciencia, por las delegaciones de cada comunidad autónoma, Inspección de Trabajo, como de otros órganos tales como la ANECA, la CRUE y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde luego, comenzaremos por evitar la descoordinación; es decir, que cuando se informa de la situación a un órgano, debe comenzar realmente un proceso de modo efectivo, evitando que, por ejemplo, cuando nos ponemos en contacto con el Ministerio, éste nos oriente hacia las competencias de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma, que ésta nos remita a la misma universidad donde surge la irregularidad, habiendo ya agotado esa viciada e ineficaz vía. La ANECA puede alegar que no tiene competencias para intervenir en el plan docente de una universidad, facultad o escuela. ¿Quién debe actuar entonces?. De ahí afirmo que el sistema falla, no sirve. Y no es suficiente con activar las citadas vías, precisamos complementarlas con la intervención de la Inspección de Trabajo y hasta de los órganos Justicia. No es aconsejable cargar todo el peso de tan complejo procedimiento, que ni la Administración sabe atender, sobre el simple demandante. La entidad pública es la que goza de medios para actuar y a ella sí le competen los asuntos públicos, empezando por la responsabilidad frente al deficiente funcionamiento de sus servicios. Hablamos de un servicio público educativo que consiente el incumplimiento de objetivos y la improductividad, lo que se agrava con actuaciones ilícitas.
No sólo expongo estos problemas por haberlos recibido de informaciones de otros, por examinar el contenido de los congresos sobre la corrupción y el acoso en la universidad pública o estudiar los casos revelados por la Plataforma contra la corrupción y el acoso en la universidad pública española. Relato los hechos que he vivido en la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña y anoto la cantidad de irregularidades que llegamos a encontrar en el ambiente académico.
En febrero de 2003, finalizando un examen de Geografía Humana, el docente indica la respuesta de cierta pregunta a una alumna. Es decir, quien pone las reglas y es el propio árbitro, las rompe para favorecer a alguien. No estaría mal -no dije nada hasta mucho después- si no se tratara de uno de esos profesores amigo de quitar décimas hasta por hacer tachaduras. Una leve discusión por el comentario de una diapositiva, cuya interpretación podía ser ambigua, decidía la diferencia entre un aprobado y un notable. No me tomé muy bien que ahora se transformase en el implacable profesor cuando había roto sus propias reglas traicionando el papel de árbitro. Exponiendo esto no pretendo quitar el reconocimiento a un gran enseñante en el aula universitaria.
¿Por qué no solemos recurrir a otra instancia en tales casos?: Se trataba del primer curso, cuando uno evita crearse problemas y desconoce las vías de recurso. El docente en cuestión es integrante de un colectivo organizado dentro y fuera de la Universidad y bien observamos, desde el inicio, los corrillos de profesores y los círculos de relación, añadiendo la posición de Director de la Alta Inspección de Educación, Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria hasta hace unos meses. El curso siguiente tenía clase con este mismo profesor, por lo que era desaconsejable ir a más con el tema que, en princio, no era tan importante y, a fin de cuentas, el doctor me resultaba, a pesar de todo, simpático y ameno.
En el segundo cuatrimestre de ese mismo curso realizamos un irregular parcial de Latín y Cultura Clásica. Casi todos suspensos. Rompiendo las mismas reglas, el docente recurre a habilitar el cuatro como aprobado, cosa que vulnera el normativa de Calificación y Actas. Tras exponer las notas sólo yo me quejo, mientras que todos advertían en privado que el docente no sabe explicar la materia, es caótico en la exposición de contenidos e interrumpe constantemente la clase para criticar a esta misma Universidad -que le paga el sueldo-. Nos comentaba, a menudo, que le gustaría marcharse, que no estaba contento. No faltaban comentarios políticos -que en nada tienen que ver con el Latín- a los que no doy mayor importancia, pero hacían perder el hilo. Es destacable que en la evaluación apenas se trataba de saber Latín, pues primaba más la historia, teóricamente más asequible teniendo en cuenta que no éramos un grupo de filología. Y tal era la arbitrariedad, que alumnos con 1 ó 2 puntos (habitual escala de 0 a 10) en la práctica de traducción fueron igualmente aprobados hasta con un notable. No lo encontraría tan mal si no se tratara de una de esas personas que, para compensar su personal ineficacia, juega el impropio rol de estricto, adjetivo que sólo puede ganarse dando ejemplo.
Mala fe, Falta de aptitud pedagógica (somos los estudiantes los que realmente podemos evaluar estas cosas), escaso interés por su trabajo e incumplimiento de las funciones encomendadas por la Administración Pública, serían los cargos sobre quien gestiona esta asignatura en la Facultad. Pero mi primera evaluación de esa materia desapareció, eliminando una prueba que hoy encuentro decisiva. Se sustituyó por posteriores donde no se tenía en cuenta que la meteria impuesta no era idónea en base al programa impartido. Como consecuencia de la mala actuación de un profesor, había perdido irremediablemente un puesto privilegiado en el cómputo de nota del expediente académico, no pudiendo ya acceder a la beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, motivo por el cual hoy demando del Rectorado de la UDC la devolución del importe que he abonado en concepto de matrícula.
Dejé claro desde el primer curso que no podía reconocerlo como autoridad académica. ¿Qué motivó mi queja?: yo pongo unas notas muy bajas. Ya está todo dicho; el profesor actúa con maleficencia, de modo ilícito. A esto se le llama abuso, obrar de mala fe, prevaricar, conducta arbitraria. Pero como la cobardía (recuerden lo de la dependencia dentro del sistema académico) reina en la Universidad, sólo una reclamación no vale nada. Este doctor no duda en calificar de ignorante o animal a los alumnos que no recuerdan un autor o cierta línea del indoeuropeo. Aunque hay testigos de que la buena relación es recíproca, en mi expidente abierto por la Universidad, jamás se hacen constar las ofensas de esa parte, de modo que sólo aparece un señor malo muy malo y el otro bueno, víctima de un estudiante rebotado. Cierto es que yo no me lo tomaba a mal, pues soy fan hasta del humor de Esteso y Pajares, así que tampoco oculto que repliqué a alguno de sus famosos alardes de superioridad con rimas del estilo El de latín, a las niñas hace tilín, parodiando así al peor Cicerón por su O fortunata Roma, nata sotto -. La diferencia es que mi obra, junto con algún grotesco garabato al estilo de Shin Chan, iba a parar a un dossier en el que no figuraban las provocaciones ni se aludía a testigos de nuestra mutua y fraternal amistad.
Desapareció mi ¿suspenso? de las actas de la evaluación de junio 2003. No quedando pruebas de haber realizado las tres fases que constituían la evaluación de junio de 2003, se hizo la trampa de guardar otro posterior, del que no defiendo su calidad, aun cuando el propio decano había insinuado que no debía haberlo aceptado si realmente se incumplían garantías, empezando por un contenido adecuado al material impartido; no obstante, aun conociendo tal falta, me indica que por el error de haberlo consentido, se daba por válida la prueba que más me perjudicaba y desestimaba mi alegación (mayo de 2005). Espero que aún quede en el archivo de la PAAU 2002 mi 7,50 quitado en la selectividad en la asignatura de Latín, para demostrar que, aun no siendo materia de mi agrado, con un buen profesor como los que sí hay en los institutos, hasta quienes nos identificamos con el Che me ne faccio del latino de Gianni Morandi, podemos quitar hasta un notable. Otra cosa es que a los tres o cuatro meses olvidemos las declinaciones y casi todo lo demás, sin duda, por su gran utilidad y por no encontrar otro buen maestro. ¿Por qué continuamos soportando enseñantes incapaces de desempeñar su trabajo?; ¿por qué resulta más fácil ser profesor de universidad que de enseñanza secundaria?; ¿por qué no se exige el cumplimiento de unos objetivos periódicos para renovar la continuidad de estos profesores contratados asimilados a funcionarios sin oposición?
¿Por qué no recurrí a otra instancia? Al tratarse del primer año, no se está seguro de la mencionada maleficencia, pues para acusar de ello son necesarias pruebas que avalen tal acto, y mucho menos se admite de entrada que los profesores de universidad pueden acumular semejante grado de incompetencia profesional; constatarlo objetivamente lleva tiempo. El profesor pertenecía a los corrillos del anterior doctor, el que posteriormente se incorporará a la Xunta de Galicia, con quien ya había tenido un leve desencuentro; aún estaba en primer curso. No quería mayores complicaciones con el resto del colectivo. Nadie más se atrevía a hacer público que el profesor no sirve para la docencia, aunque la mayoría de los alumnos lo afirman en privado.
Es el enseñante quien falla aquí. Hablamos de un profesor contratado, que ha accedido a su plaza aprovechando una vacante, una persona que no ha demostrado plenamente, mediante un justo concurso-oposición, el mérito y la capacidad para merecer la plaza. Aunque la legislación no lo haga imprescindible para el personal universitario, sí es obligado e inapelable el deber de justificar y responsabilizarse de los actos propios de un integrante de la Administración Pública. Es exigible el cumplimiento de la normativa sin consentimiento de acciones arbitrarias o contrarias al derecho, y algo tan importante como ser útil en el trabajo. ¿Por qué la Administración Pública consiente la permanencia en estas plazas de gente que muestra incompetencia reiterada, el incumplimiento del servicio público, la violación de la normativa, etc? Del mismo modo que alguien se beneficia de un contrato, al que debe estar agradecido, si no cumple, si es una constante la falta en la obligaciones, si no muestra competencia en el cargo a desempeñar, no debe continuar en el puesto. Servir a la Admón. implica el cumplimiento y, como en todo puesto laboral, debe actuarse de modo eficaz. Aquí el deber es enseñar e investigar, no actuar arbitrariamente.
Llegamos a junio de 2004. Quedo automáticamente suspenso por llevar la gramática latina al examen (sí, ese entrañable cuadernillo que acompaña el diccionario cuando lo compramos y que solemos perder al prestárselo a alguien). No sé si existe alguna normativa que prohíba acudir con este suplemento a un examen de Latín, salvo que se trate de un aspirante a experto filólogo, que no era el caso. Pues bien, declaro que este docente, el doctor José Carlos Santos Paz, permite copiar al resto del grupo, es decir, el aula permanece sin control alguno durante sus exámenes, no sólo en aquel momento, sino la mayoría de las pruebas realizadas en la Facultad. Quien debe ser árbitro se ausenta constantemente para llamar por teléfono o charlar en conserjería; sólo se trata de eliminar un alumno que no se calla ante la impunidad de los delincuentes. Tras abandonar el examen y encontrar al profesor llamando repetidas veces por teléfono y dialogando con los bedeles (testigos) mientras se realiza el examen, recrimino la absoluta desconsideración, acto de maleficencia, incompetencia profesional digna de la inhabilitación inmediata -acción imposible, según dicen aquí-. Sí, claro que hubo enfado, posibles avisos amenazantes de este estudiante; claro que sí. No pude contener el lenguaje para invitar a nuestro latinista amigo a que fuera hombre y me demostrara de qué estaba hecho -nos quedamos sin saberlo-.
Durante el curso 2004-2005 se celebran elecciones al decanato y departamentos. El curso anterior se realizó la del Rectorado, resultando ganador el candidato al que habían apoyado los que ahora controlan el decanato, siendo miembros del equipo este profesor de Latín y Cultura Clásica, el actual Decano y aquel profesor de Geografía Humana que desempeñó un cargo en la Xunta de Galicia y en la actualidad ha sido propuesto como candidato en la lista provincial de candidatos al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales de 2008. Al ser elegido el decano, se nombra Secretario del Centro al propio docente de Latín y Cultura Clásica, abnegado voluntario donde los haya. Por él pasarán todos los escritos y documentación de los alumnos. Tiene al Decano de su lado, y aunque al ser candidato único no requiería superación alguna en papeletas, el director facultativo dispondría siempre del apoyo de los demás.
Asimismo, los estudiantes que habían apoyado al Decano reciben un local adicional de la Facultad para establecer las actividades de la asociación -sumándose al local que ya es propio de la delegación-. Hasta reciben una cafetera -que denominan ragalo del Secretario entrante-. Los que son alumnos de Antropología Social, reciben la invitación para un viaje por cuenta del área (conste que también hay testigos de que advertí esta gravísima irregularidad en aquel momento). Esto explica ya una trama de corrupción cerrada y organizada, donde demandas no prosperan. No olviden que cualquier procedimiento comienza en el mismo centro, ante el Decano como primera instancia, con el añadido que, al tratarse de documentación del alumnado, pasa por este Secretario, demandado inicial. Éste se siente ya seguro, con total cobertura, siendo además representante en la Junta del Centro y uno de los representantes sindicales en la universidad (¿de dónde quito esto?: desestimación de uno de sus recursos en octubre de 2004).
Convocatoria extraordinaria de diciembre de 2005. El profesor de Latín y Cultura clásica, José Carlos Santos Paz, falta al examen en la fecha y hora previstas en el calendario oficial. Pero ahora nos encontramos ante un Secretario del Centro -él- y estrecho colaborador del Decano -un excepcional docente, y eso no lo pongo en duda-. A otros/as alumnos/as se les propone una fecha alternativa, a la que yo sólo podía aceptar o rechazar, pero sin derecho a elegir como aquéllos/as. Por si fuera poco, se llegan a realizar varios examenes a la carta. Obviamente, yo no tengo motivo para transigir una modificación a una persona intolerante. El decano, José Luís Tasset Carmona, a quién voy a visitar, se toma a broma el asunto, por lo que yo sólo puedo hacer lo mismo para evitar más enfados. Por qué no, aquí ya vale todo, no hay orden ni disciplina, empezando por los propios órganos que, sin control, hacen lo que les apetece.
Enterado de que el doctor José Carlos Santos Paz había solicitado la apertura de un expediente sancionador contra este estudiante, y teniendo en cuenta la insistencia del Secretario en no asumir las responsabilidades del cargo al que voluntaria y desinteresadamente se presentó para el bien de la comunidad académica de la que tan mal hablaba un año atrás, decido reclamar otra apertura de un expediente para él. Tras informar al Dpto. responsable, y como señala el reglamento, apelo al Decano Tasset Carmona. Como regalo de navidad recibo otro insultante escrito donde se me acusa, sin mayor fundamento ni explicación, de actuar de mala fe y, por tanto, resuelve -o prevarica- no a todas y cada una de sus peticiones. Ese fue mi regalo de navidad en 2005.
Al reiniciar las clases informo de nuevo al Dpto. de Filología y elevo la petición al Rectorado. Entre los argumentos, califiqué la actitud del Decano de perversa. Pues bien, antes de que la balija universitaria llegara a su destino, es el propio Decano quién me responde, violando así una comunicación remitida a otro órgano. ¿Qué secretaría se lo entregó?- . Vulnerando todo derecho, me califica de intolerante, impresentable A continuación, amenaza -porque también los funcionarios lo hacen aunque a estos no se les expedienta- con severas consecuencias de no recibir explicaciones y una disculpa. Otro papel hacía mención a que si tenía más causas que demandar, que fuera al juzgado, pues el decanato no está para resolverlas (el reglamento dice que es la primera instancia y hasta está facultado para nombrar un juez instructor). Se refería a la demanda del alumnado, pues la de los del cuerpo docente se atienden inmediatamente aunque sea por denuncia falsa, a lo que haré mención más adelante.
Sí, se abrió un expediente informativo, como siempre, contra el alumno demandante. Se pone al frente a la exsecretaria Gral. de la Univ. y titular de derecho penal. Entre los cargos, además de difamación e injurias -decir que hay corrupción- aparece una cuestión basada en tres denuncias falsas: dos procedentes de alumnos, aquellos invitados al viaje con el antropólogo Luís Alberto Gárate Castro (cohecho), y otra de este mismo personaje, tema que luego abordaré. Como dice Forrest Gump, es el que hace , y no llamé a nadie cosa alguna que no lo fuera y estuviese demostrado. Como se puede imaginar, la infracción por hacer denuncia falsa y simulación de delito, y al ser una testificación, PERJURIO, no se tiene en cuenta por nadie, se omite alegremente en la causa. Me imagino que tendrá que ver con eso del relativismo que tanto gusta a los de ciencias sociales, el todo vale igual.
No termino con Latín y Cultura Clásica. Convocatoria de diciembre de 2006. Adivine quién falta otra vez a su examen. Eso mismo, el señor Secretario del Centro, José Carlos Santos Paz, precisamente quien debe velar el cumplimiento de los horarios, entre otras muchas cosas por él desatendidas (entregué un dossier a la Asesoría Jurídica de la UDC aportando incumplimientos reiterados). De nuevo, los alumnos agraviados por la ausencia tienen derecho a proponer fecha alternativa, excepto uno que, además, es recriminado por no haber solicitado la inclusión en la convocatoria. O sea, que no sabe ni disculparte.
No ceso de recibir quejas, como delegado de estudiantes, de que a este profesor no se le entiende nada, no sabe impartir la materia. He solicitado que cambien a este docente por uno que sea útil en el desempeño de sus funciones, pero me comunica la Admón. que para esto sólo se justificaría en caso de delito probado, ya que su contrato (personal contratado-doctor, no es titular ni ha pasado oposición) se considera permanente, es decir, aunque no sirva tenemos que aguantar las ausencias injustificadas, las calificaciones arbitrarias y los examenes con mayor o menor dificultad según la simpatía de uno u otro curso. Hablamos de alguien que deniega tutorías, a lo que el decano responsable del Centro no tiene nada que decir, y se lo he solicitado por escrito; no se corrige y se aprovecha del cargo que tenía que haber abandonado.
Si la Admón. no establece mecanismos de control permanentes que hagan cumplir rigurosamente con la normativa, las Escuelas, Facultades y Universidades se convierten así en recintos marcados por el caciquil ejercicio donde se permite la corrupción el y tráfico de influencias con total impunidad. Por qué razón tenemos que financiar esto. Por qué motivo pagamos a alguien un salario que no merece y por el que no se esfuerza lo más mínimo. Que no olviden los señores académicos que su función no sólo es la de escribir comentarios de obras, hacer alguna que otra traducción y componer artículos, también está la obligación de formar, y hacerlo de forma eficiente, no de cualquier manera, y mucho menos tan mal. Como tampoco permitamos lo contrario, dar por satisfechos los objetivos anuales sin investigar (esto no es un colegio). Y naturalmente, las investigaciones no pueden quedarse en especulaciones sin fundamento.
Ahora expongo el caso del profesor de Antropología Social Luís Alberto Gárate Castro, quien concede notas según el grado de simpatía, reconociéndolo hasta públicamente. Mantiene una presunta relación grosera con las alumnas. Convierte sus clase sobre patrimonio en unos cursos de iniciación sexual, destacando, eso sí, las virtudes de las diferencias entre culturas (remití mi declaración a la Asesoría Jurídica de mi universidad con la lista de los presentes para que fueran consultados por un Juez Instructor si alguien decidía investigarlo). Entre groserías, se recreaba mirando fijamente a su alumnas favoritas (lo que no implica que todas ellas le correspondan, eso no podría declararlo). Unos absurdos resúmenes al final del cuatrimestre, mas o menos iguales, y ya sabíamos quien se lleva la mejor nota a partir de la tercera semana de clase. Desde el primer día de clase noté que este simpático docente me hablaba en tono despectivo sin que aún hubiera tenido ningún desencuentro con él, teniendo que aguantar sus insultos y otras ofensas. Veamos los posibles motivos:
era el primer cuatrimestre del curso 2003-2004; miembro del corrillo del actual Decano, del Secretario Santos Paz, del actual candidato a representante en el Congreso de los Diputados y del coordinador del área de Antropología. Al ser muy frecuentes sus inustificadas ausencias e inexistentes las tutorías, alguien dio aviso de una de esas faltas. Sin consulta alguna, ya se pueden imaginar a quién decidió acosar el doctor Luís Alberto Gárate Castro, cuando precisamente una de sus seducidas -sin afirmar correspondencia, que NO lo hago- premiada con la más alta nota a cambio de un resumen leído sin pena ni gloria, había cumplido con ese deber de dar parte.
Así que en este escrito me atrevo a decir, sin ninguna duda legal, que este tipo es idiota, un perfecto cretino -no hay juez que me diga por ello que no está suficientemente acreditado y merecido el adjetivo-. Yo nunca se lo dije a él, pero le regaló la matrícula y tomó por seducida -sin correspondencia- precisamente a quien dió el aviso de la ausencia; aunque la chica hizo muy bien. ¿Serán así todas sus investigaciones sociales? Pues sí, en efecto, sus trabajos carecen de todo valor, al igual que su torpe averiguación.
De nuevo ¿Por qué no se recurrí a otra instancia? Y repito: miembro e un colectivo organizado; inicio del segundo curso; en tercero volvía a tener clase con él y aquí se trataba de una optativa; aún no se conocen las vías de recurso y aún quedan los tres cursos por delante. Otra razón estaba en que un miembro del grupo, también antropólogo, me comenta al iniciar el segundo curso, ante un compañero testigo, que la matrícula que me había puesto en primero en realidad le correspondía a otro; por tanto, para qué iba a solicitar una segunda revisión a este otro docente. Bueno, lo cierto es que no existía examen hasta el siguiente curso, donde tendría clase con ambos. Luego, nuestro antropólogo social favorito me dice, con engaño, que ya me compensaría el próximo curso, y que contara con el aprobado en cualquier caso ¿aprobado?, ¿antes de cualquier evaluación? Sí, eso NO es muy legal.
Ciertamente, en ese mismo curso se había realizado la elección del Rector. El día siguiente al triunfo, suspende la clase, cosa muy habitual, y nos invita a la cafetería a los escasos asistentes a clase. ¡Hombre!, pero si aparece el profesor de Geografía Humana; sí, el de la Xunta de Galicia. ¡Todos a celebrarlo!
Llegamos al tercer curso, 2004-2005. De nuevo comienza la clase mencionando lo del chivatazo por la ausencia del curso pasado. Igual tono despectivo y amenazas -todos presentes-. Al siguiente día cambia. Alguien debió advertirle para modificar la actitud en público. Ahora es la elección al decanato y departamentos. El doctor Luís Alberto Gárate Castro, titular de Antropología Social, hace campaña por nuestro actual director de centro que no tiene oposición en las elecciones. Aún así, para cubrirse las espaldas, decide ganarse la confianza de los delegados de estudiantes y les propone acompañarle en uno de sus viajes para iniciarse en las tareas de campo (posible cohecho). Esta práctica ya la había realizado con otro estudiante, igualmente miembro de la delegación de alumnos. El doctor Gárate tiene fama de arbitrario y rencoroso, pero amigo de crearse grupillos de apoyo. Lo que comenté a otros estudiantes se cumple, la máxima nota para las mismas alumnas. ¡Ojo! para justificar una matrícula de honor, los exámenes no deben presentar fallos ni tener déficits de contenido. Pues bien, al colgar las notas en el tablón, añade un comentario de cada estudiante. Expone, a la vista de todos -mira que es torpe- que Dª obtiene una M.H. Mas señala que las respuestas agraciadas presentan la información de modo caótico, pero eso puede ser un defecto o una virtud. El comentario es verídico. Y lo de que me iba a compensar como que ya no hacía falta disimular ahora que estaban en el decanato los suyos, ahora que tenía todo controlado, la delegación de estudiantes de su lado (mediante un presunto cohecho en forma de un viaje a ), y las testigos de lo que pasó el primer curso, incluida la del chivatazo con matrícula.
Ahora bien, sabiendo de mi proyecto de establecer en el campus un Museo Sindical Europeo, comenta el doctor Gárate Castro ante toda la clase: mira, yo no tengo ni idea de patrimonio Aaaahhhhh!, después de putearme en la materia de Patrimonio y Sociedad, después de ponerme la nota más baja del grupo (recuerden que no hubo examen y todos los resúmenes eran iguales), descubre que es un inútil en la materia. ¡Pero, señores de la Admón., que este señor imparte docencia en el Doctorado de esta Universidad! Eso convierte el título en un auténtico FRAUDE con responsabilidad legal.
Fue mi primera reclamación ante un órgano. Resolución del Decano, compañero en el mismo equipo: desestimado, por supuesto sin realizar comprobación alguna, a no ser que se tome por indagación preguntarle al demandado ¿es verdad o mentira que sucedió esto? mentira, pues ya está. En cuanto a la petición para cambiar la titularidad de la materia de Patrimonio y Sociedad, dada la evidente incompetencia del antropólogo social, responde nuestro Decano bueno, hay que reconocer su sinceridad [del antropólogo] y eso le honra -verídico-. La mala fe del director del centro quedó patente al inicio de la breve conversación cuando deja entrever su conocimiento de lo que hay entre sus colegas de partido decanal, llegando a decirme: A mí me hicieron lo mismo, así que no hay motivo para montar jaleos, la universidad es así.
Asimismo, aproveché para realizar la primera reclamación de la materia de Latín y determinadas irregularidades del nuevo Secretario. Mucha gente recuerda mi enfado, pero nadie cuenta los insultos y amenazas del decano en el despacho, del no vas a conseguir nada, nada, o por un alumno no se va a cambiar el rumbo de una Facultad.
Lo más impropio de un catedrático de filosofía moral es alegar que los docentes tienen libertad de cátedra. Cualquier jurista, si es buen profesional, sabrá que la naturaleza de la libertad de cátedra es un derecho o principio establecido para la salvaguarda de las libertades, para no limitar la actividad de los enseñantes por doctrinas de partido, pero en ningún caso se creó la libertad de cátedra que delitos queden impunes, para fomentar el perjurio, para la acusación sin funfamento, para encubrir la falta de competencia profesional. La libertad de cátedra es un derecho constitucional que garantiza otros derechos, como la opinión independiente, no sujeta a consignas, o la libre expresión. Pero si alguien, por muy catedrático que sea, utiliza este principio legal para la infamia, para quebrantar la ley, violar el propio derecho constitucional aceptando ilegítimas actuaciones, prevaricar, para abusar del cargo, para encubrir que un miembro de la administración pública no cumple su cometido, que no es apto en su trabajo, cuando se nombra la libertad de cátedra para disculpar un delito o falta, entonces, ese funcionario, catedrático, doctor, jurista o moralista, no es digno de ejercer en el ámbito del derecho, las ciencias sociales o humanísticas. Admitir que ilegales infamias están cubiertas por un principio constitucional como la libertad de cátedra, supone el mayor acto de desprecio por el ordenamiento jurídico y las bases de derecho.
Hubo un intento de conciliación propuesto por el Vicedecano, hombre independiente, honrado, pero engañado por el Decano y Secretario. Mas todo quedó en repetirme, el Decano, que no voy a conseguir nada, nada y en ningún caso se me preguntó o se me pidió declaración alguna. Eso está reservado para el cuadro docente, quien además goza de la inicial cobertura de asesoría jurídica, de los órganos de la universidad, de su propio Vicerrectorado de docencia, que también puede atender asuntos personales, mientras que el de Estudiantes está para OTRAS COSAS, y como cualquier otro órgano, incluyendo la Asesoría Jurídica, dice, ah, ¿eres un alumno?, entonces no podemos atenderte, pensaba que eras un profesor. ¿Apelar al Rector? Si, lo hice, pero desestimó -les encanta este término- la cobertura de la Asesoría Jurídica. Por lo demás, jamás contesta al teléfono si se trata de un estudiante y opta por el SILENCIO ADMINISTRATIVO la mayoría de las veces, lo que implica la misma desestimación. Esperemos que no caiga por esta Universidad ningún genio científico, porque del rectorado no recibirá ni las gracias.
Curso 2006-2007. El equipo de la delegación de estudiantes (con el singular mérito de unos expedientes realmente mediocres tirando a malos) y una de las favoritas del antropólogo social, acompañan al docente -omito el lejano destino- para la iniciación en trabajos de campo en ¿Cooperación y Desarrollo?. ¡Pero si este hombre dice en las conferencias y en el aula que eso es un fraude!; que las ONGs son mafiosas y punta de lanza del capitalismo. ¿Quién controla lo que realmente hizo allí este presunto incompetente con la subvención?. Pues si alguien está pensando que soy de acusación fácil, le oriento que los asistentes a las conferencias suelen firmar acta de asistencia para que le sean concedidos los créditos por presencia, no invento acusaciones como ellos hacen. Asimismo ¿por qué razón solicitó al departamento de Humanidades un cambio en el contenido del próximo seminario? Por lo visto, cambió el tema del desarrollo y cooperación, que no debió ser tan exitoso, por el del género, concepto con el que está más acostumbrado a especular. Su clases de antropología apenas tocan otro tema. Y es que para trabajar en proyectos de cooperación y desarrollo se requiere de algo más que el uso de tres o cuatro conceptos abstractos y sin valor práctico, como la semántica del espacio, la alteridad en la cooperación para el desarrollo, o la conducta sexual de la comunidad. Estos proyectos requieren de trabajo real, aplicación de soluciones y análisis efectuados por verdaderos expertos en alguna disciplina operativa (medicina, ingeniería, economía, psicopedagogía, trabajo social, teología, etc.), no un grupo de estudiantes comprados que no querían ni hacer unas fotocopias para una ONG local cuando yo mismo les pedí que colaborasen. ¿Qué hicieron allí realmente? Conociendo este doctor nada bueno.
El doctor Luís Alberto Gárate Castro, titular de Antropología Social en la UDC, fingió una inexistente agresión de este alumno a su persona en febrero de 2005, por lo que mantengo la acusación de perjurio y presunta simulación de delito. Tan torpe fue este académico que relató lo que había escuchado de su colega de latín (cuando me anuló el examen por traer el cuaderno de gramática) añadiendo ficciones para dramatizar la situación. Así pretendía ocultar anteriores actuaciones ilegales que, hasta ahora, parecen quedar impunes gracias a la red de apoyos con los que ha contado. Y además, ¿qué sabe el doctor Gárate Castro de cooperación y desarrollo?. El doctor Gárate Castro, como mucho, sabrá lo que podemos leer en el manual de kottak y algún libro más?. Su especialidad, según la monotemática orientación de sus clases, cuando las hay, es sexo y género, no cooperación y desarrollo; él detesta este tema, critica a las ONGs, las misiones humanitarias. Y encima, recibe financiación para sus proyectos de investigación y trabajos de campo.
Evaluación de junio de 2004. Los seis alumnos asistentes al examen de Sociología quitamos un sobresaliente. El profesor, don José Leira López, se portó bien. No podría achacar indicio alguno de maleficencia, como con los otros dos profesores (latinista y antropólogo) o el propio decano. Los exámenes no eran difíciles y yo mismo había solicitado que redujese parte del temario dada la aplicación de los créditos prácticos, a lo que el profesor accedió de buen grado. Sería injusto decir que hasta ese momento se hubiera dado algún problema. Pero como mi trabajo escrito, correspondiente a los créditos prácticos, tenía una extensa bibliografía, era mucho más extenso y no se limitaba a resumir uno o dos libros o bajar alguna que otra cosa de internet -cortar y pegar, se dice-, cosa habitual, me veía merecedor de la M.H., siendo la media de sobresaliente general. Al encontrarse entonces al profesor en un proyecto cultural de aulas itinerantes por varios países de Europa -programa que erróneamente se cataloga de investigación, mas no lo es-, remití a su departamento la solicitud, exponiendo los motivos para requerir una nota mayor. A la vuelta del viaje, el departamento se limita a adjuntarme el escrito del propio docente y, sin más fundamento, deniega la solicitud. Ni departamento de sociología ni profesor hacen revisión alguna. El titular refuta los motivos para concluir que es un agravio comparativo poner una M.H. cuando todos hemos hecho prácticamente lo mismo, pero sin mostrar en qué se basa técnicamente para decirlo. Asimismo, el hecho alegado de que el demandante tenía interés por realizar ciertos proyectos sociales, no era relevante en absoluto. Esto sí me pareció impropio de un sociólogo, una actitud poco profesional y despreocupada. Mi opinión hacia él cambió, pasando de la estima por el contenido de sus clases, a la desconfianza en su valía técnica, demasiado centrado en esas aulas itinerantes, actividad de ocio cultural pero no de investigación. Otro fallo estaba en que el procedimiento de remitir la solicitud al departamento había sido cambiado recientemente, pero aún conociendo esto el profesor, me respondía, pues, desde esa misma normativa, en lugar de remitirme al decanato. Y no olvidemos que dada la trampa del -presunto- corrupto antropólogo, Luís Alberto Gárate Castro, necesitaba subir la nota en las sociales, que era para lo que había iniciado esta carrera que hoy desaconsejo.
A pesar de ello, el siguiente curso 2004-2005 escogí su optativa de patrimonio. Llegamos al examen de febrero de 2005. Una sencilla prueba open-book y la elaboración de un proyecto. Insisto en que no hay actuación perversa en este docente, don José Leira López, como la de los otros dos y el director del centro. Pero es que mi proyecto correspondiente a los créditos prácticos era de ejecución real: la creación de un futuro Museo Obrero y Sindical Europeo y Centro de conocimiento de Pablo Iglesias en Ferrol, tema al que no hizo ningún caso al requerir la tutoría inicial. Por ello, presenté otro, mientras comenzaba, sin apoyo académico alguno, las primeras gestiones para hacer viable el proyecto que, sin duda, beneficiaría esta nada prestigiosa Universidad y la decadente Facultad de Humanidades. Por otro lado, la materia impartida en clase se podría señalar que podemos encontrarla casi toda en un manual de la biblioteca, cosa que no sé si es determinante o no para hacer crítica.
Recordaré que ya se habían acumulado graves irregularidades del profesor de Latín, José Carlos Santos Paz, lo del geógrafo (el de la Xunta de Galicia), del antropólogo (al que no tenía más remedio que aguantar otra vez repitiendo las mismas irregularidades académicas y prometiendo viajes). Y ahora esto, un notable. Sí, claro que empezaron los problemas, justo ahí, Y la actitud del nuevo decano, don José Luís Tasset Carmona, y el Secretario del Centro, el mismo Santos Paz, consistió siempre en la provocación para expulsar a este alumno. Todos pertenecen al mismo colectivo, quienes logran situar un decano, una vicedecana y un secretario de su equipo en el órgano de gobierno de la Facultad. Además, estos mismos habían promocionado al Rector en esta parcela de la Universidad. Gozaban del apoyo de la delegación de alumnos, comprados con una subida casi general de notable a sobresaliente en antropología social, unos viajes (hecho constatado y hoy consumado), un local adicional y acceso a innumerables privilegios dentro de la Facultad, así como inmunidad frente a posibles denuncias por faltas o delitos cometidos, que las hubo; el decano miraría hacia otro lado o acusaría a otro.
Ese mismo curso 2004-2005, ya iniciado el conflicto, requiero mediante al procedimiento adecuado, que el 8,57 de psicología se eleve a un sobresaliente, como era habitual en casi todas las asignaturas cuando la nota llegaba al 8,50. Me viene a decir que, consultado el profesor, desestima una vez más mi petición. Recuerden que el antropólogo Gárate Castro había elevado casi todos los notables a sobresaliente sólo unos meses antes, y el mismo decano consideraba un 8,50 como sobresaliente en su asignatura hasta ese curso -al siguiente ya no, pero sí entonces-. Repito que tenía la necesidad académica de subir el expediente que me habían bajado ilícitamente. Sin embargo, con otros alumnos sí se aceptaban las subidas de nota, y sin solicitarlo por escrito, requisito que siempre cumplí.
En diciembre de 2005 realizo una exposición oral en Historia Contemporánea de España. Pues bien, la docente, impecable decana saliente e ilustre catedrática a la que sigo admirando profesionalmente, me pone pegas cuando hablo de la restauración de la II República en abril de 1931″. Pues parece que lo que he dicho mal es la cronología -¿?-. Me imagino que no hablé lo suficientemente alto o no vocalicé bien, porque no me explico un error ahí. Continuando la exposición, hago mención al valor del historiador en conocer el poder adquisitivo de un asalariado en la postguerra española, claramente deficiente para adquirir los productos necesarios para la la supervivencia de una familia. Pues cierta alumna presente, muy virtuosa, dice pero es que él no habla de la miseria que padecía España en esos años. Interrumpo la exposición oral, y me voy por lo que están imaginando. Resultado, la profesora, ilustre catedrática por la que tengo gran admiración, dice que ella tiene razón, que no he dicho lo principal y que esto no es válido. No obstante, no penaliza en la nota, pero la exposición no le gusta. De todas formas, esto fue lo menos grave de todo lo que tuve que aguantar en la carrera. Naturalmente, tampoco conté con su apoyo para lo del Museo Obrero Sindical, proyecto que ahora presento al ayuntamiento ferrolano saltando los cauces académicos al no haber nadie interesado en una Facultad que supuestamente forma especialistas en patrimonio histórico y cultural.
Como no encuentro ningún indicio de que mis demandas hayan dado fruto alguno y al no aparecer ningún juez instructor, tal y como marca la normativa ante la evidencia de falta o delito, inicio yo mismo la investigación. Pero no me facilitan el acceso a ningún tipo de documento ni sé qué datos contrastaban cada vez que esta administración académica me respondía, cuando lo hacía. Siempre lo mismo, que todas mis denuncias carecían de fundamento, que el hecho de mencionar la existencia de faltas era en sí motivo de sanción por difamación e injurias y por ello debía atenerme a las consecuencias. Esta era siempre la amenaza. Se reconocía que las solicitudes eran desatendidas por haber incurrido en la descalificación. Ellos lo hacían constantemente y en esos mismos escritos oficiales, objeto de la prevaricación misma y otros muchos delitos. No había reclamación válida, aunque desde el decanato y el propio rectorado se cometieran faltas graves una y otra vez, se ocultara la realidad y se lanzaran acusaciones falsas. Sólo recibía amenazas sobre las consecuencias por parte de los órganos, negando la posibilidad de toda defensa e incluso el conocimiento de los cargos que se hacía en privado y que se daban, verdaderos y falsos, por faltas en mi contra.
Mientras, me entero de que a un alumno, afín a la cúpula, es aprobado con un tres en una optativa impartida por el Secretario del Centro, José Carlos Santos Paz. La misma alumna de la desordenada virtud y a la otra chica que fue premiada con una gratuita M.H. por el doctor Luís Alberto Gárate Castro, son favorecidas esta vez por la intervención del decano, obteniendo un aprobado que parte de la negativa inicial de un profesor que no era miembro de su colectivo. Al finalizar el curso siguiente, tenemos nueva virtud, la tercera. Partiendo de un suspenso en Latín y Cultura Clásica, esta misma chica, alegando que no conocía la forma de evaluación, y en vista de que sólo le quedaba esa asignatura para concluir la carrera e iniciar el doctorado con el antropólogo social, deciden darle el aprobado, justo aceptando un argumento que me había sido denegado. En qué quedamos, o está claro el contenido a examinar para todos, o no lo es para nadie. Y el otro me dice agravio comparativo. El decano don José Luís Tasset Carmona expone que por un alumno no se altera el rumbo de una Facultad. Sí, todos/as iguales. Esto es corrupción, prevaricación, trato de favor, tráfico de influencias, perjurio, acusación falsa, simulación de delito, mobbing. Pero no queda ahí la cosa. Estos mismos favorecidos figuraban en el listado de quienes acusan a este alumno por desórdenes y otras faltas.
Soy emplazado para responder de inciertos y nunca aclarados cargos en mayo de 2006 ante una juez instructora, pero sólo en mi contra. Habiéndome negado todo acceso a la información existente, donde se añaden varias denuncias falsas del antropólogo Luís Alberto Gárate Castro -para tapar sus inmoralidades-, sí permiten conocer datos y documentos a una alegal comisión de Facultad nombrada en abril de 2005 -cuando la normativa dice que se nombrará un juez instructor-. A esa ilegítima comisión llaman alumnos que ventilarán datos que deberían mantenerse en secreto, y todo ello bajo la responsabilidad del decano y del secretario del centro. O sea, que se hace una fiesta y todo. Cínicamente comentaba el director del centro, Tasset Carmona: la presencia de los alumnos es para garantizar tu defensa. Declaro ahora que aquéllos siempre testificaron en mi contra y hasta con falsedades. ¿Cómo consiente la Admón. tal cúmulo de ilegalidades?; ¿conociéndolas, va a quedar esto impune, sin sanción?
En octubre de 2006 me entero de que un miembro de la delegación de estudiantes, Alberto Fidalgo Castro, se dedicaba a realizar actos de vandalismo por encargo de cierto profesor para luego acusar a ya sabemos quién. Naturalmente, se redactaba un parte cargado a mi cuenta sin que lo supiera, para que no pudiese presentar alegación alguna. Desde la delegación de estudiantes se redactaban insultantes textos anónimos que se hacían gratuitamente contra otros profesores -los que no eran de esta misma trama-. Un jurista observaría, como mínimo, la difamación e injuria gratuita, así como acusación de ilegal apología. El decano, el secretario, y varios profesores, conocían de dónde y de quién partían, pues es frecuente su presencia en la delegación de estudiantes, donde a la vista estaba, pegado en la pared, lo que remití a la Asesoría Jurídica de la Universidad, sin que se haya heho nada. O sea, que si bien mi latinista amigo inicia un expediente por lo de el de latín, a las niñas hace tilín tres cursos antes, cuando aún no era Secretario del Centro, ahora, siendo precisamente responsable del orden y cumplimiento normativo en la Facultad, no hace nada, al no darse por aludido, desconociendo que el propio Alberto Fidalgo Castro lo apodaba ( ), y, desde luego, no veo los corrillos de profesores diciendo ¡qué barbaridad!, vamos a tener que abrir un expediente, ni las idas y venidas de docentes al Rectorado -o Vicerrectorados- para preparar mi asunto, aportando toda clase de pruebas, abundando las falsas y no dudando en recurrir simulación de delito. Más tarde supe que cada vez que se sugería iniciar un expediente, el decano, alegando que lo hacía para evitar mi expulsión, decía que ya lo arreglaba aquí, cuando lo que en realidad pretendía era evitar una investigación, mas por lo que sé del Rectorado, mis alegaciones tampoco se habían tenido en cuenta y, cuando no eran desestimadas por rescrito, simplemente se decidía por la desestimación amparada en el silencio administrativo.
Habiendo comprobado que los recursos ante el responsable del centro sólo servían para recibir resoluciones ilógicas, que ni se correspondían con lo solicitado, recordándome siempre, el decano, que el alumno había perdido la credibilidad tras el primer desencuentro, decido elevar las demandas al Rectorado. Pero de manera reiterada se me remitía al responsable del centro, es decir, al decano Tasset Carmona. No hay manera de salir del círculo, lo que implica un absoluto desprecio por la ley y el derecho. Dejando ya claro que había indicios de presunta prevaricación en este Centro y que sólo al Rectorado le correspodía intervenir, se limitaban a comunicarle el caso al decano otra vez; esto es, le mostraban información que no le correspondía ya ver, ofreciéndole la oportunidad de tener un uso privilegiado de las denuncias, cuando era ya un evidente infractor.
Ante mi insistencia por conocer la causa de las desestimaciones o silencio del Rector José María Barja, recibo una copia de un documento expedido por el decanato, al que llaman informe técnico, extraña base para la desestimación. En dicho escrito, sin aludir al objeto de la demanda, y enterado de mi acusación, advierte que no se puede tener en cuenta a quien lo está difamando e injuriando. Y este es el informe técnico que, para colmo, parte de un órgano que ya no tenía que intervenir. Ahora bien, me comenta el Secretario de la Universidad que es de derecho informar de cualquier acusación para ofrecer posibilidad de defensa, cuando a mí no me llama para responder de las acusaciones que surgen de una y otra parte de la Facultad ni me permiten acceso a información alguna -ahora tampoco-. Y ya no hablemos de constatar hechos. Sólo se da por válida la información, a veces falsa, de la parte docente y alumnos afines que luego serían compensados. No menos indignante es cuando se alude en mi demanda que sí existen testimonios a los que deberían acudir para verificar mi versión, el director del centro escribe que al mencionar a terceros se pervierte la demanda -expresión de un catedrático de Filosofía Moral-. ¿Dónde está el derecho?; ¿dónde se esconde la Administración cuando se permite esto?.
Cansado ya de las reiteradas humillaciones y la negativa del director del centro para cumplir sus obligaciones -que voluntariamente acepta en el momento que se ofrece para decano-, prefiero tratar el asunto en reunión directa. Él se niega. Lo llamo a su teléfono particular tal y como ellos mismos hacían aun cuando yo estaba en el propio centro y no era necesario localizarme. Mi petición era clara, reunirnos al día siguiente a la diez de la mañana para buscar una solución definitiva y, por supuesto, reclamar la devolución del importe de las sucesivas matrículas abonadas. Si el servicio público que realiza la universidad es fraudulento, a mi juicio, tiene que devolver lo que se ha pagado. Pues bien, como el director del centro no llegó a su domicilio hasta bien entrada la noche, y la persona que cogía el teléfono era su hija en las llamadas efectuadas durante el día, me encuentro con una posible denuncia por lo peor que pueden estar pensado. De nuevo, una presunta simulación de delito. Según el testimonio que me fue indicado por la policía, tenía toda la Facultad en contra y preparando mi expulsión. Mayor sorpresa cuando me comentan que el decano declara verbalmente que en sus escritos y resoluciones exageraba los hechos para que [yo] no lo siguiera haciendo. Es decir, este funcionario recurría conscientemente a la provocación personal, al perjurio e incluso a la presunta prevaricación para forzar a que cesaran las demandas contra su equipo de afines.
No olvidemos que la estrategia habitual de los directores de centro -según compruebo al estudiar casos similares- consiste en provocar, inducir y difamar a los denunciantes para que hagan algo inapropiado, llamando entonces la atención de todos los presentes. Por ello, espero que los juristas inteligentes y competentes conozcan este factor determinante en todos los temas de acoso. La táctica funciona, les sirve para escudarse frente a las respuestas del demandante, cada vez más ofendido por acumulación de falsas denuncias mezcladas con otros hechos así agravados, mientras los cauces de apelación quedan sin efecto para una de las partes. Es entonces cuando los que precisamente inician la agresión verbal y las amenazas llaman a todos los que están a la mano para ser testigos del enfado del rebotado injuriante. Si bien advierto que en esa sucia táctica se aprecian también ilegalidades tales como simulación de delito (cuando se fingen agresiones que no han existido o se encargan actos vandálicos a terceros), perjurio (cuando se declara falsedad en un procedimiento) y la misma falta a las obligaciones como responsable del orden y disciplina. Terminando así con la resolución injusta, prevaricación. Repito que quien es encargado de arbitrar no pueder romper las reglas, ni mucho menos la legalidad y el derecho. Sintetizando el párrafo, es como arrear una paliza a un reo con las manos atadas a la espalda y amordazado, quitarle el esparadrapo y decir, ¡mira!, lo dejas respirar y te injuria a la mínima ocasión. No lo duden, en la Universidad española HAY CORRUPCIÓN, demasiado envilecimiento porque se actúa con impunidad; la Administración no cumple.
Qué productos aporta tan perversa institución: estériles abstracciones, teorías demagógicas, cuadernillos de perogrulladas, viajes de recreo abonados con fondos públicos, encuentros de amiguetes en congresos y la oportunidad de que algún que otro babosete, disfrazado de intelectual, se permita realizar un grotesco coqueteo con alguna alumna o becaria.
Constantes ausencias injustificadas al trabajo quedan sin penalización alguna; clases convertidas en talleres de obscenidades; descalificaciones arbitrarias y sin fundamento; financiación pública para realizar actividades recreativas que se disfrazan con un presunto interés académico; filtración de preguntas de examen a los afines a las tramas de corrupción y acoso; difamación e injurias contra su oposición. Son las prerrogativas de este personal. Es consentido a este personal lo que no se permitiría a ningún trabajador honrado de cualquier otro sector público o privado donde, por cierto, se llega a despedir un empleado por faltar un solo día al trabajo cuando aquí pueden ausentarse una, dos, tres, diez veces sin consecuencia alguna.
Desde luego, no debemos fiarnos de quien insiste en una campaña de elección a cargos en su carácter progresista, tolerante y renovador. Sí, precisamente quienes se autodefinían durante las elecciones a los órganos de gobierno como progresistas y renovadores, quienes en su día se ofrecían de forma voluntaria y altruista para hacer valer la voz del alumnado, no dudaron en recurrir a las peores artimañas y bajezas del antidemocrático fascismo, ilegítimo corporativismo e ilegalidades de todo tipo para tapar sus mezquinos intereses. Por ello insisto una vez más al Ministerio que el hecho de mantener una autonomía universitaria, por lo sabido, no debe implicar una falta de control y el arbitrario funcionamiento. Es exigible la presencia de unos mecanismos fiables de inspección, auditoría, comprobación del cumplimiento de los objetivos académicos y científicos, así como la identificación de las responsabilidades. La impunidad de las faltas en el ámbito universitario es un obstáculo para el progreso social, tecnológico y científico. Si hemos detectado profesionales que no sirven en su labor, debemos cambiarlos.
Y por esta misma razón, aun sin contar con el apoyo técnico de esos doctores y catedráticos que figuran en el cuadro de enseñantes de cierto Doctorado en Patrinomio, los mismos que no quieren saber nada de proyectos reales en este campo, seguiré adelante con mi plan para crear un Museo Obrero Sindical Europeo en la ciudad natal de Pablo Iglesias, Ferrol. Sigo intentando hablar con el respetable banquero Emilio Botín para conseguir la financiación que esta universidad me niega. Continuaré llamando asociaciones, sindicatos y el Excmo. Ayuntamiento de Ferrol para lograrlo. No cesaré de llamar al rector de la UDC aun cuando su nada educada secretaria me cuelgue el teléfono de modo grosero y él jamás me responda. Porque lo que pretendo con ese homenaje a la reivindicación verdaderamente progresista y solidaria, es hacerle tragar a más de uno eso de que por un estudiante no se cambiará nada.
Es gran honor haberles informado con el fin de mejorar la institución. Quedo sumamente agradecido por su atención.
Manuel Suárez López - Delegación Estudiantes Humanidades de la Univ. de A Coruña, C/ Vázquez Cabrera S/N, 15403 Ferrol, A Coruña, España delegadoest@yahoo.es
Manuel -
Según los debidos fundamentos legales y administrativos incumplidos, podemos acusar a:
José Luis Tasset Carmona, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña, de presunta prevaricación (resoluciones injustas), mobbing, omisión de sus funciones, denuncia falsa, insultos y amenazas a este alumno.
José Carlos Santos Paz, secretario de centro en la Facultad de Humanidades, conducta maleficiente, irregularidades administrativas graves (como desaparición documentos) y uso indebido y tratamiento inadecuado de la información, ausencias injustificadas y absoluta incompetencia en el puesto de docente en la materia de Latín y Cultura Clásica.
Luis Alberto Gárate Castro, doctor de antropología social de la universidad de A Coruña, de presunta corrupción, denuncia falsa, perjurio, acoso moral, presunta prevaricación, irregularidades probadas en la concesión de notas, ineficacia de la labor docente, ausencias injustificadas, y conducta inapropiada hacia las alumnas.
Ana Dorotea Tarrío Tobar, vicerrectora de organización académica en la UDC, de presunta omisión de funciones y emisión sin fundamento legal y/o administrativo en las resoluciones.
José María Barja Pérez, rector de la UDC, de presunta omisión de funciones al conocer los hechos denunciados.
Miguel Ángel Simón López, vicerrector de estudiantes de la UDC, de presunta omisión y presunta amenaza contra el denunciante (la respuesta en email contenía una ilícita advertencia).
Así como diversos alumnos actualmente en tercer ciclo por implicación y beneficio ilegítimo en la trama de corrupción vista en la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña.
NOTA PARA LA FISCALÍA GRAL. DEL ESTADO